Después de una tragedia siempre se producen comportamientos, gestos, palabras o silencios que son objeto de crítica por parte de un ente intangible y veleidoso que se ha venido a llamar opinión pública. Con demasiada frecuencia estas críticas apuntan a lo superficial, a los símbolos más visibles, a las actuaciones de los primeros momentos (plagadas, como no puede ser de otra forma, de errores, confusión y falta de datos; una de las señas de identidad de las catástrofes es el caos inicial). Pasados los primeros días comienza lo importante. Los gestos se olvidan, las palabras también: son las indemnizaciones, las repatriaciones, los reconocimientos de cadáveres lo que queda en la memoria de los familiares y amigos de las víctimas (los únicos que tienen legitimidad moral para hablar, no debe olvidarse).
Y, por supuesto, los funerales. Con muy buen criterio, el Gobierno ha rechazado hacer funerales de Estado: no son funcionarios, y no han fallecido en acto de servicio (y aunque lo fueran, ¿cuándo se tratará los soldados como a cualquier trabajador?). Pero sí va a participar en él (aunque no se entiende muy bien por qué; pequeño inciso: si mueren 5.347 personas en accidente de coche, como en 2002, no sucede nada; si mueren 153 personas en un accidente de avión, España se paraliza, el gobierno suspende sus vacaciones y la Casa Real vuelve de Pekín para, ejem, “estar con las víctimas”; ¿acaso nos hemos confundido, y creemos que el Gobierno es un padre comprensivo que nos abraza cuando nos caemos de la bici?).
La Iglesia católica, siempre tan dispuesta a sacar tajada y provecho del dolor ajeno, ya ha anunciado que el Arzobispado de Madrid organizará la ceremonia, presidida, cómo no, por el piadoso demócrata Antonio María Rouco Varela. Hace unos años este dato no suscitaría ninguna controversia, nadie pondría pegas. Pero, por suerte, los tiempos han cambiado. Hoy no todos los españoles son católicos. Hay musulmanes, judíos, evangélicos, ateos. Ninguno de ellos, es muy probable, querría escuchar la voz de Rouco en su entierro.
Meter a 153 personas en el mismo saco es prepotente; puede que ni siquiera se han parado a pensar que puede haber víctimas que no compartan su fe. Pero las hay.
Si la Conferencia episcopal no da marcha atrás, el gobierno debería tomar medidas. No es un asunto nimio. La libertad religiosa está reconocida en la Constitución; este funeral podría violar el artículo 16 de la Carta Magna. Aunque, claro, a los jerarcas de la Iglesia esto quizá no les importa mucho.
Y, por supuesto, los funerales. Con muy buen criterio, el Gobierno ha rechazado hacer funerales de Estado: no son funcionarios, y no han fallecido en acto de servicio (y aunque lo fueran, ¿cuándo se tratará los soldados como a cualquier trabajador?). Pero sí va a participar en él (aunque no se entiende muy bien por qué; pequeño inciso: si mueren 5.347 personas en accidente de coche, como en 2002, no sucede nada; si mueren 153 personas en un accidente de avión, España se paraliza, el gobierno suspende sus vacaciones y la Casa Real vuelve de Pekín para, ejem, “estar con las víctimas”; ¿acaso nos hemos confundido, y creemos que el Gobierno es un padre comprensivo que nos abraza cuando nos caemos de la bici?).
La Iglesia católica, siempre tan dispuesta a sacar tajada y provecho del dolor ajeno, ya ha anunciado que el Arzobispado de Madrid organizará la ceremonia, presidida, cómo no, por el piadoso demócrata Antonio María Rouco Varela. Hace unos años este dato no suscitaría ninguna controversia, nadie pondría pegas. Pero, por suerte, los tiempos han cambiado. Hoy no todos los españoles son católicos. Hay musulmanes, judíos, evangélicos, ateos. Ninguno de ellos, es muy probable, querría escuchar la voz de Rouco en su entierro.
Meter a 153 personas en el mismo saco es prepotente; puede que ni siquiera se han parado a pensar que puede haber víctimas que no compartan su fe. Pero las hay.
Si la Conferencia episcopal no da marcha atrás, el gobierno debería tomar medidas. No es un asunto nimio. La libertad religiosa está reconocida en la Constitución; este funeral podría violar el artículo 16 de la Carta Magna. Aunque, claro, a los jerarcas de la Iglesia esto quizá no les importa mucho.
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